jueves, 27 de noviembre de 2014

MALAS NOTICIAS

El proyecto de la Ley de Evaluación Ambiental que se llamará Ley de Prevención y Protección Ambiental, en trámite parlamentario contempla excluir de la obligatoriedad  de Evaluación de Impacto Ambiental a los sondeos de investigación para fractura hidráulica. Una mala noticia para quienes luchamos contra la insensatez del fracking.

lunes, 24 de noviembre de 2014

DECÁLOGO POR UN RÍO GÁLLEGO VIVO

- Nos comprometemos con la búsqueda de los objetivos resumidos en el siguiente decálogo.
- Solicitamos al Gobierno de Aragón, a la CHE, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la adopción de las siguientes medidas para garantizar la limpieza y salud de la cuenca y de sus gentes:
  1. Proporcionar suministros alternativos de agua limpia y segura para todas las poblaciones que toman agua de boca del Gállego.
  2. Localizar todos los lugares donde se han vertido residuos industriales de INQUINOSA u otras industrias ubicadas en Sabiñánigo.
  3. Limpieza integral de todas las zonas contaminadas, incluyendo los vertederos de Sardas y Bailín, los terrenos de la fabrica Inquinosa, el embalse de Sabiñánigo, todos los lugares en los que se realizaron vertidos controlados e incontrolados y asimismo la cuenca y cauce del Gállego y sus embalses.
  4. Transparencia e información permanente. Proporcionar resultados, en tiempo real, a través de la página web del Gobierno de Aragón y otros medios, de todos los análisis que se estén realizando para conocer la contaminación del río y su cuenca, incluyendo análisis de agua superficial y subterránea, suelos, vegetación, fauna, cultivos, etc.
  5. Búsqueda de terrenos adecuados para un confinamiento seguro y estable de los residuos, descartando por completo su incineración.
  6. Garantizar la participación de todas las organizaciones ecologistas, sociales y vecinales interesadas en el seguimiento y solución de la crisis, incluyendo su participación en mesas y comisiones.
  7. Realización de un estudio que evalúe la exposición de la población a los contaminantes vertidos en la cuenca del Gállego, mediante biomonitorización de un grupo de población representativo.
  8. Realizar un seguimiento del estado de salud de los trabajadores de Inquinosa y de los trabajadores que están participando en las obras de Bailín y seguimiento del proyecto de descontaminación,remediación de Bailin.
  9. Perseguir judicialmente a Inquinosa, exigir las responsabilidades que correspondan (penales, políticas y administrativas) a los causantes de la contaminación y la crisis del verano de 2014. Control del dinero invertido en las obras de Bailín y exigencia de responsabilidades a las empresas que hayan podido incumplir sus funciones o actuar negligentemente.
  10. Elaboración de un Plan Aragonés de Salud Ambiental, que incluya las actuaciones antes propuestas y establezca el marco para la adopción de objetivos y medidas que garanticen la salud de la población ante los riesgos ocasionados por la contaminación

domingo, 16 de noviembre de 2014

CONTEXTO ACTUAL


Esta es la descripción del "CONTEXTO ACTUAL" que aportamos al manifiesto de la entrada anterior para ayudar a comprender la actualidad de nuestras reivindicaciones de acuerdo a los nuevos planes de Red Eléctrica de España, con respecto a las interconexiones eléctricas  con Francia y, en particular, el proyecto Aragón-Cazaril de la que nos venimos ocupando en todas sus variantes y todas sus denominaciones.

Red Eléctrica de España (REE) es una empresa privada (pese a que el Estado sea aún su principal accionista), que ejerce el monopolio del transporte eléctrico en España. Por su parte, Electricité de France (EDF), cumpliendo igual cometido en el país vecino, es una empresa estatal, como lo fue REE hasta su privatización en 1999, en un proceso gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que, según denunció el Tribunal de Cuentas —en la fiscalización sobre la SEPI en el periodo comprendido entre 1996 y 2002—, fue realizado con falta de claridad y transparencia, en beneficio exclusivo de las compañías del sector y de espaldas al interés general.
Dice el refranero que lo que mal comienza, mal acaba y también que de aquellos polvos vienen estos lodos. Veamos unos ejemplos de la actualidad más reciente para comprobar qué hay de cierto en el saber popular.

Hoy en día, REE se ha convertido en una red de influencias políticas y clientelismos de partido. Podríamos empezar, por citar un ejemplo, por Ignacio López del Hierro, nombrado consejero de REE nada más iniciarse la actual legislatura (hubiera cobrado 180.000 euros anuales por asistir a 12 reuniones) y obligado poco después por la Moncloa a abandonar la empresa ante el escándalo surgido, pues entre sus principales activos contaba con el de ser el marido de Mª Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del PP. Para terminar con otro ejemplo sobre estas vinculaciones tenemos también, ahora mismo, a Santiago Lanzuela, ex-presidente del Gobierno de Aragón y ex-presidente del Congreso, que se hizo famoso por la frase: “José María, aquí nos tienes a los aragoneses, úsanos”.
Igualmente, abundando en este asunto, cabe señalar, por resultar especialmente significativo, que el primer cargo que el PP renovó en la actual legislatura fue el del presidente de REE, para el que el gobierno eligió a un ex-secretario de estado del expresidente Aznar, el entonces alcalde de Tres Cantos (Madrid) José Folgado Blanco (el anterior presidente de REE, Luis Atienza, fue indemnizado por esta empresa, en plena crisis económica, con 1,8 millones de euros). Acto seguido, el gobierno propuso también a tres consejeros para REE, entre ellos, al citado Ignacio López del Hierro.
Por otra parte, la primera medida que ha tomado el actual Comisario de Energía y Medio Ambiente de la UE, Miguel Arias Cañete, ha sido aumentar las conexiones eléctricas con Francia, unas infraestructuras que contarán con importantes subvenciones comunitarias. Como es sabido, el Comisario tuvo que vender las acciones que poseía en empresas vinculadas con la energía para poder acceder a su cargo. Poco o nada se ha dicho, sin embargo, acerca de la incompatibilidad y el obvio conflicto de intereses que suponían dichas acciones durante su anterior cargo como Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el actual gabinete del PP.
El anuncio del acuerdo alcanzado para aumentar las citadas interconexiones eléctricas, que, en principio, contempla la necesidad de realizar estudios rigurosos para la definición de sus posibles trazados, fue seguido, tan solo 24 horas después, por la propuesta de Red Eléctrica de España al gobierno de tres proyectos de línea que, según esta empresa, resultarían más económicos que la conexión por cable submarino desde Euskadi. Uno de ellos tendría un trazado a través de Navarra y Euskadi para conectar con Burdeos, mientras que los otros dos, en territorio aragonés y, por tanto, a través del Pirineo Central, serían la nueva línea Sabiñánigo-Marsillon y el antiguo proyecto Aragón-Cazaril, resucitado bajo la nueva denominación Monzón-Cazaril.
Recordemos que en Francia el proyecto de línea Aragón-Cazaril fue anulado por Alain Juppé el 3 de febrero de 1996 con estas palabras pronunciadas en el Senado francés: «afin de marquer son souci de protéger l'environnement». En España el recurso que había interpuesto el Gobierno de Aragón dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo (véase: 03.-El Supremo falla que la línea Aragón-Cazaril carece de "título jurídico" (19/4/99): TEXTO SENTENCIA), en la que el proyecto de línea quedaba en entredicho al haber dejado de existir como proyecto de interconexión tras el rechazo francés. Por su parte, su trazado en España (donde REE ya había instalado una buena parte de las pilonas de la línea) quedaba, igualmente, en entredicho al recordarle el Tribunal Supremo a REE en la citada sentencia que en un futuro, debido al cambio de legislación habido en esos años, debería ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. Hay que recordar, además, que, a raíz de la negativa francesa a dicho proyecto de interconexión, nuestro vecino país acordó indemnizar a REE, por el incumplimiento de contrato de compra venta de electricidad y como compensación por las infraestructuras construidas (las citadas pilonas), con 300.000 millones de pesetas (acabadas de pagar en el 2010). Pese a todo lo dicho y a las numerosas peticiones de desmonte de estas infraestructuras, estas permanecen en pie en la actualidad.
Tras el fracaso del proyecto Aragón-Cazaril y pese a la citada sentencia, REE no tuvo inconveniente en cablear las torres instaladas entre las subestaciones de Castelnou (denominada "Aragón") y Peñalba (en Huesca) y proyectó la continuidad en España del anterior proyecto de interconexión a través de su proyecto de LAT a 400 kV. Graus-Sallente. La subestación “Pirineos”, prevista en dicho proyecto para enlazar con Cataluña, iba a ser ubicada, inicialmente, en el municipio oscense de Castejón de Sos, estando previsto, además, que la línea pasase por Bonansa, pueblo de Marcelino Iglesias, entonces Presidente de la Diputación de Huesca. Este, de acuerdo con Santiago Marraco, Presidente de Aragón en ese momento, acordó su traslado a Torres del Obispo, en el municipio de Graus (cuyo alcalde "se olvidó" de recurrir). modificándose al tiempo el trazado, que pretendía recorrer el LIC de la Sierra del Castillo de Laguarres. El recurso que interpusieron entonces la Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de l'Entorn Natural (IPCENA) y la Asociación de Amigos, Vecinos y Residentes de Torres del Obispo fue atendido por el Tribunal Supremo, que en este caso anuló la línea por no cumplir con la legislación medioambiental vigente (véase: 73.-Tribunal Supremo anula la línea eléctrica de 400 KV “Unión de la línea Aragón-Frontera Francesa con la línea Sentmenat-Sallente”:  TEXTO DE LA SENTENCIA (30/10/05)).
Pese a ello, REE no se rindió y, tras firmar en agosto de 2008 un protocolo con el Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, presentó a finales de ese mismo año el Documento Inicial de un nuevo proyecto de LAT a 400 kV., denominado Peñalba-Monzón-Isona (o Peñalba-Arnero-Isona), que en buena medida, repetía el trazado de los dos anteriores, reaprovechando las viejas pilonas de la Aragón-Cazaril desde Peñalba hasta la altura del municipio de Graus y repitiendo luego, desde ese punto y casi sin variaciones el trazado de la anulada Graus-Sallente. Su extraño trazado, rodeando la localidad oscense de Capella (y afectando por ello a dos LIC), fue interpretado por los afectados como un intento parcial de recuperar la vieja Aragón-Cazaril (al estar prevista en la Planificación y Desarrollo de las Redes de Transporte Eléctrico 2001-2011 una línea denominada Graus-Cazaril). Especial indignación causó que el INAGA avalará como trazado menos dañino medioambientalmente (de entre los sometidos a estudio) el que aprovechaba el mayor número de las viejas pilonas de la Aragón-Cazaril (instaladas cuando no era preceptiva una Declaración de Impacto Ambiental) y que repetía casi en su totalidad, incrementando incluso las afecciones mediambientales, el trazado de la Graus-Sallente, anulada, como se ha visto ya, por el Tribunal Supremo. La fortísima y prácticamente unánime oposición, tanto de la sociedad civil, como de los ayuntamientos afectados (al norte de Monzón) demoró el desarrollo de este proyecto hasta ser retirado de la planificación de la red eléctrica tras el Decreto 13-2012 de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, y de transposición de directivas comunitarias sobre energía y corrección de desajustes entre costes e ingresos del sistema eléctrico y gasista (no obstante, a fecha de hoy, pese al tiempo transcurrido desde la presentación en 2011 del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Peñalba-Arnero-Isona y pese a que la línea ya no existe en la actual planificación de la red eléctrica española, sigue abierto el expediente para la Declaración de Impacto Ambiental).
Es justo en esta situación en la que, Red Eléctrica de España propone de nuevo su viejo proyecto, denominándolo ahora Monzón-Cazaril, lo que hace pensar que no solo pretende la recuperación de las viejas pilonas, nunca demolidas, del proyecto Aragón-Cazaril, sino que da por sentada la conexión Peñalba-Monzón, que apoyó explícitamente, en todo momento, el actual Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y pese a que, como se ha visto, el anterior proyecto, que pretendía su cableado (la Peñalba-Arnero-Isona) es en la práctica inexistente y no cuenta ni con Declaración de Impacto Ambiental ni con Autorización Administrativa.
Para finalizar, queremos destacar que en Francia la sensibilidad medioambiental ha estado y está mucho más arraigada que en España. Basta para ello comparar las cercanas localidades de Benasque y Louchon o la propia historia del proyecto Aragón-Cazaril. Por ello, aunque la iniciativa de la recuperación de este proyecto de interconexión eléctrica con Francia parte del PP y cuenta con respaldo y financiación comunitaria, resulta necesario aún su desarrollo, que se producirá a largo plazo y que, necesariamente, ha de contar con un acuerdo conjunto entre EDF y Red Eléctrica para que este salga adelante. Francia, sin embargo, está menos interesada que España. Sin duda, tendrá que tener en cuenta a los habitantes del Pirineo, muy concienzados en términos medioambietales y de protección del patrimonio, y no olvidará (por lo ya acaecido con la Aragón-Cazaril) que la posible ruptura de un hipotético acuerdo entre REE y EDF acarrearía indemnizaciones multimillonarias.

MANIFIESTO

Este es el texto que aportamos desde aquí para que el Congreso Confederal de Ec. en Ac., que se reunirá en Lizarra (Estella), pueda realizar una resolución en contra de las Interconexiones con Francia a través de Autopistas Eléctricas.

 MANIFIESTO

Ante las intenciones del Gobierno español y de Red Eléctrica de España de construir tres nuevas interconexiones eléctricas con Francia (LATs de 400 kV) a través del Pirineo central, que esta empresa denomina Navarra/Euskadi-Burdeos, Sabiñánigo-Marsillon y Monzón-Cazaril (antigua Aragón-Cazaril),

CONSIDERAMOS que los proyectos de nuevas líneas de alta tensión suponen, en general:
1.     Un acto de premeditada irresponsabilidad, visto el modelo de desarrollo insostenible actual y dado el compromiso de organismos nacionales e internacionales de impulsar el ahorro energético y el uso de energías alternativas y / o renovables, más eficientes y racionales económica y ecológicamente.
2.     Una grave amenaza para la salud de la población expuesta a los efectos nocivos derivados de los campos electromagnéticos, demostrados por numerosos estudios científicos de reconocida solvencia, por los informes de instituciones, tanto publicas, como privadas, que muestran claros indicios de perjuicios sanitarios, y por la realidad actual en muchos estados, que, preventivamente, en virtud del Principio de Precaución, han regulado su impacto sobre la salud pública.
3.     Una agresión irreparable contra el medio ambiente, tanto desde el punto de vista del impacto paisajístico, como por sus graves afecciones sobre el ecosistema (impactos negativos sobre la avifauna y la biodiversidad, erosión, deforestación, aumento de riesgo de incendios forestales, etc.)
4.     Una gran pérdida económica, al afectar negativamente a la calidad de vida, a la calidad medioambiental y al paisaje (recursos determinantes del impulso turístico); a las actividades agropecuarias y a los aprovechamientos forestales, e, incluso, al valor de las propiedades que se ubican en la cercanía de dichas líneas.
5.     Una hipoteca a perpetuidad en el uso del suelo, debido a los derechos que adquieren las compañías eléctricas, como servidumbres de paso y reducción de otras actividades económicas.
6.     Un instrumento activo en la nuclearización del planeta, ya que se precisan para el transporte de la energía eléctrica procedente de centrales nucleares y promueven o favorecen su construcción en países del tercer mundo o en vías de desarrollo (como se puede deducir de los proyectos que persiguen un mercado único de la energía entre Europa y África).

POR TODO ELLO,  RECLAMAMOS:

1.     Una normativa de regulación de las líneas de alta tensión existentes en todo el territorio, que ofrezca soluciones reales a los efectos nocivos sobre la salud de las personas y el medio ambiente de acuerdo con los criterios de la actual coyuntura europea.

2.     Una moratoria de 10 años contra la construcción de nuevas líneas de alta tensión, durante la cual deberá concretarse y aprobarse la nueva normativa sobre la construcción de líneas de alta tensión, a fin de reordenar y optimizar el conjunto de la red, teniendo en cuenta los criterios señalados de afección a la salud y al medio ambiento. En este periodo habría que ejecutar, en particular, la retirada, desplazamiento o solución técnica más adecuada para minimizar sus impactos, suprimiendo, igualmente, las instalaciones de transformación existentes en zonas habitadas, trasladándolas a otras ubicaciones, de forma que no representen ningún riesgo para las personas.

3.     La mejora de la eficiencia y el aprovechamiento de la actual red eléctrica, que, en muchos casos, se encuentra infrautilizada respecto a su capacidad (según el informe elaborado por el Electric Power Research Institute en 2010, la red española de 400 kV. estaba sobredimensionada en torno a un 189 % con respecto a los países de nuestro entorno).

4.     Que se estimule el ahorro energético, se incentive la instalación y el uso de energías alternativas y/o renovables, más racionales, y se descentralice la producción, con una planificación adecuada, incentivando, además, la generación distribuida y el autoconsumo, como vía para la independencia energética de personas y territorios.

5.     Que se someta a las empresas del sector eléctrico a una auditoría que permita conocer si existen malas prácticas encaminadas a multiplicar de manera ilegal o antiética sus beneficios.

6.     Que se apruebe una ley que imposibilite la práctica conocida popularmente como "puertas giratorias", impidiendo la connivencia o la subordinación del poder político a los intereses empresariales y asegurando, en todo caso, que las empresas del sector eléctrico tengan como principal fin el cumplimiento de su importante función pública y nunca el mero afán de lucro.

7. En los casos extremos, que se permita el desdoblamiento de líneas y el refuerzo de las existentes, con la realización previa de estudios sobre el efecto en la salud de las personas y el medio ambiente, realizados per empresas independientes y desvinculadas del sector eléctrico.

Véase el estudio:




EL CHANTAJE NUCLEAR

Una hipoteca para el futuro y un riesgo
LA POSIBLE AMPLIACIÓN A 50 AÑOS DE LAS NUCLEARES DE ENDESA

Ecologistas en Acción considera un chantaje para futuros gobiernos el anuncio de Endesa de alargar a 50 años la vida de sus centrales nucleares, además de un riesgo inadmisible para la seguridad. Este anuncio se encuadra en una lucha por alargar la vida del parque nuclear hasta los 60 años, que se ha abierto con la central de Santa María de Garoña (Burgos).

El anuncio realizado por Endesa en su junta de accionistas de alargar la vida de sus reactores nucleares hasta 50 años es un hito más en la lucha que está manteniendo la industria nuclear para conseguir que se acepte la extensión de vida de los reactores hasta 60 años, lucha que ha aparecido ya con la central de Garoña. De hecho, Nuclenor (participado por Endesa e Iberdrola al 50 % cada una), ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la extensión de vida de esta central hasta los 60 años, intentando sentar un precedente en dos sentidos: por un lado consiguiendo que el CSN otorgue permisos de más de 10 años (Garoña necesitaría un permiso de 17 años para llegar a 60 de vida) y por otro, consiguiendo que se acepte, de facto, una decisión estratégica que debería tomarse a nivel gubernamental.
La prolongación de la vida del parque nuclear supone un riesgo obvio puesto que implica llevar hasta el límite una serie de sistemas de seguridad y control que no se diseñaron para funcionar tanto tiempo. Por un lado, nos encontramos con tecnologías obsoletas de control, ya superadas en la actualidad. Y por otro lado, con que la corrosión y el envejecimiento generalizado de los sistemas de seguridad ha degradado la seguridad de las centrales. Las inversiones que sus propietarios acometen no sirven sino para poner parches y remiendos que no son capaces de llevar las centrales a niveles admisibles de seguridad. Además el alto coste de esos parches y remiendos se repercute finalmente sobre los consumidores de la electricidad. Por otra parte, el alargamiento de la vida permite a los propietarios de las centrales ampliar el periodo de amortización de las plantas. Esto tiene el efecto de abaratar el precio del kWh, haciendo que la energía nuclear compita aún con más ventaja en el desquiciado sistema eléctrico español. Pero además forzaría a un gobierno que se propusiera proceder a un cierre escalonado de centrales a negociar el coste de la parte de la central no amortizada, encareciendo el coste del cierre que deberíamos volver a pagar los sufridos consumidores. Es, por todo ello, que Ecologistas en Acción considera imprescindible proceder ya al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares según vayan cumpliendo 30 años. Y un gobierno responsable debería fijar por ley el periodo de vida útil en esos 30 años.

viernes, 14 de noviembre de 2014

LOS CAUDALES DEL CINCA Y EL ESERA



De acuerdo al informe, los caudales  establecidos son a todas luces insuficientes para lograr que estos ríos cumplan sus funciones ambientales y que  no cumplimentarán el buen estado ecológico de estos  ríos  para 2015 incumpliendo la Directiva Marco del Agua.

En el caso del Cinca, aguas abajo de El Grado, con unos caudales medios  naturales de unos 46 m3/s , la suelta de 1 m3/s de media aprobada por la resolución de la CHE supone una burla y Ecologistas en Acción se pregunta ¿Alguien, cree que con estos caudales se puede mantener un sistema fluvial como el del Cinca y toda su diversidad?.

Los caudales establecidos se encuentran lejos de las propuestas realizadas en diferentes estudios donde, a través de métodos hidrológicos o de hábitat potencial se proponen caudales de mantenimiento más propicios para mantener el río en un buen estado ecológico, por estos motivos Ecologistas en Acción denuncia que estos volúmenes establecidos son más unos “caudales de conveniencia” , dados por la negociación que la propia CHE ha intentado consensuar con los “dueños” de las concesiones actuales, que caudales ecológicos propiamente dichos, aunque se hagan pasar por ellos y que vulneran la Legislación de Aguas, pues el Cinca es un Lugar de Importancia Comunitaria y los caudales ecológicos deben ser "los apropiados para mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o especies, respondiendo a sus exigencias ecológicas y manteniendo a largo plazo las funciones ecológicas de las que dependen."






domingo, 9 de noviembre de 2014

ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA CONTRA LA AUTOPISTA ELÉCTRICA



Sea cual sea la denominación que el oligopolio eléctrico  (y ya llevamos 4) quiera poner a la Línea Eléctrica que se empeñan en hacer pasar sobre nuestras cabezas, la oposición ciudadana va a oponer la resistencia de la razón luchando por un modelo energético al servicio de las personas y no de las empresas.
Este es el manifiesto salido de la Asamblea de Graus:


La Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica y el Consorcio Ribagorza Siglo XXI muestran su absoluta consternación ante la noticia de la propuesta de Red Eléctrica de España de reeditar la Aragón-Cazaril, bajo el nuevo nombre de Monzón-Cazaril, y muestran su absoluto rechazo a esta línea, sin contemplar ninguna posible alternativa ni compensación —de acuerdo con nuestro manifiesto fundacional (que puede encontrarse en:
http://autopistaelectricano.blogspot.com.es/2009/02/modificacion-en-la-redaccion-de-nuestro.html)—

En este sentido, nos opondremos a dicho proyecto por todos los medios y vías posibles (judicial, política, social...), como ya se hizo en los anteriores intentos de recuperar total o parcialmente la citada línea (proyectos Aragón-Cazaril, Graus-Sallente y Peñalba-Arnero-Isona).Para ello, puesto que la asamblea realizada hoy ha tenido, sobre todo, un carácter informativo, se ha acordado la realización de una reunión de trabajo, que tendrá lugar a las 19:30 horas el viernes 12 de diciembre en Puente de Montañana (Huesca), en la cual se reactivarán nuestra plataforma y consorcio y se concretarán ya acciones en todos los ámbitos antes citados y, en particular, acciones de protesta, que se 
llevarán a cabo a la mayor brevedad posible.